SERNAC, Seremi de Economía y SERNATUR fiscalizan a prestadores de servicios de alojamientos en Caldera

Se fiscalizaron las empresas que prestan servicios en materia de alojamientos.

El propósito de esta fiscalización multitarea, es verificar si las empresas están cumpliendo con la Ley del Consumidor, por ejemplo, que informen las condiciones relevantes y los precios.

Por su parte, la Ley de Turismo establece que tanto los prestadores de servicios de alojamientos y actividades de turismo aventura deben estar inscritos de manera obligatoria en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos.

El SERNAC, junto a la SEREMI de Economía y al SERNATUR, fiscalizaron a empresas que prestan servicios turísticos en la comuna de Caldera, con el objetivo de verificar si están cumpliendo con las exigencias establecidas en la Ley del Consumidor y la Ley de Turismo.

Se trata de una fiscalización integrada multitarea entre el SERNAC, SEREMI de Economía y el SERNATUR, e implica que cada organismo, de acuerdo a sus propias facultades, fiscaliza o inspecciona a las empresas.

En el caso del SERNAC, el objetivo fue verificar, especialmente aquellos aspectos relacionados con la información de servicios ofrecidos, precios, promociones y ofertas, entre otros antecedentes. En el caso del SERNATUR, revisar si los locales están inscritos en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos, entre otras materias.

Durante este proceso, se fiscalizaron empresas que prestan servicios en materias de alojamiento.

La Seremi de Economía de Atacama, Makarena Arias, indicó que “es muy importante estas labores de fiscalización, pues permiten verificar que las empresas que prestan servicios turísticos en la Región de Atacama cumplan con los estándares de calidad de servicio y respeten la normativa, lo que genera más confianza en la ciudadanía a la hora de elegir nuestra región como destino turístico para estas vacaciones, generando fuentes de empleo y bienestar para las y los ciudadanos que se dedican a esta importante labor”.

Por su parte, el Director Regional del SERNAC de Atacama, Kurt Iturrieta, explicó que, mediante el despliegue de la facultad de fiscalización, el SERNAC cumple con su compromiso de tener mayor cobertura e impacto territorial, con miras a prevenir, disuadir y corregir incumplimientos a los derechos de las y los consumidores en materia de servicios turísticos, lo cual resulta relevante considerando que esta región atrae a miles de visitantes, especialmente en la época estival.

El Director Regional del SERNATUR de Atacama, Alejandro Martin, señaló que “estas labores responden a las acciones que realizamos en conjunto a SERNAC y otras instituciones, para fomentar el correcto cumplimiento y la formalización de las empresas turísticas. La idea es dar respaldo a quienes quieren hacer bien las cosas. Por esto, el llamado que hacemos siempre es elegir servicios turísticos registrados en Sernatur y a preferir los que cuentan con Sello de Sustentabilidad”.

En caso de incumplimiento a la Ley del Consumidor, las empresas arriesgan multas de hasta 300 UTM, esto es, más de 19 millones por cada infracción.

Por su parte, la Ley de Turismo (Ley N° 20.423), establece que tanto los prestadores de servicios de alojamientos y actividades de turismo aventura, deben estar inscritos de manera obligatoria en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos, mientras que es voluntario para los prestadores de servicios turísticos.

Quienes están inscritos en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos se encuentran formalmente constituidos como empresas, es decir, cuentan con patente comercial e iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos.

Quienes no cumplan con lo establecido en esta norma, arriesgan multas desde 5 a 10 UTM ($323 mil a $646 mil) en el caso de servicios de alojamiento; y entre 5 a 20 UTM ($323 mil a $1 millón 293 mil) para servicios de turismo aventura que no se encuentren registrados.

En caso de detectar infracciones tras la fiscalización, los organismos evaluarán las acciones que estimen pertinentes para ir en defensa de los derechos de los consumidores y usuarios.

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